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Los residentes de la Comuna 20 de Cali, el primer y más grande barrio informal de la tercera ciudad de Colombia, organizaron una velatón el lunes 3 de mayo en honor a los manifestantes muertos tras cinco días de violentas protestas.

«Había niños y madres, era un ambiente familiar», recuerda Kevin Reyes, un líder social en la zona. La celebración se había tomado la rotonda que conecta al barrio con el resto de la ciudad.

«Hacia a las 8:30 p. m. empezamos a escuchar que venía el Esmad (el Escuadrón Móvil Antidisturbios)… luego llegó un helicóptero en el que sonaba el himno nacional y se emitía una luz reflectora como si estuviera buscando gente», recuerda.

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Y ahí empezó un enfrentamiento en el que Reyes vio «policías y militares encapuchados disparando armas semiautomáticas y fusiles«.

El martes, la comunidad de Siloé, como también se conoce al barrio, cuenta varios fallecidos y desaparecidos. Ahora esperan realizar una nueva velatón en su honor.

Y la violencia pareció trasladarse el martes en la noche de Cali a Bogotá, donde, después de una día de protestas pacíficas, se presentaron ataques contra centros de atención de la policía y unidades de detención.

Colombia entró hace una semana en una espiral de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública. Choques inéditos en su historia reciente por su alcance y constancia.

Los datos disponibles son preliminares y no están consolidados. La Defensoría del Pueblo contabilizaba este martes más de 19 muertos, 89 desaparecidos y miles de heridos.

Pero solo en Siloé el lunes, por ejemplo, la alcaldía de Cali contabilizó cinco muertos.

La escalada de la violencia en todo el país —con Cali como epicentro pero también en municipios pequeños y de tamaño medio— tiene las principales carreteras bloqueadas, decenas de peajes destrozados y cientos de edificios públicos y privados quemados.

El gobierno de Iván Duque, que propuso este martes una mesa de negociación con todos los sectores incluyendo manifestantes, atribuye la violencia a infiltrados de grupos guerrilleros y terroristas, así como a vándalos que aprovechan para saquear el comercio.

Los críticos, sin embargo, hablan de masacres a mano del Estado tras el anuncio del mandatario de militarizar las calles. El general en jefe del ejército, Eduardo Zapateiro, llegó a Cali para liderar lo que llama la «recuperación de la ciudad».

Mientras tanto, cientos de videos que cada quien parece interpretar según su posición vuelan por las redes sociales y los chats de vecinos para amplificar la zozobra que inunda al país.

«Violencia comunitaria»

En otra zona de Cali, una más acomodada conocida como Ciudad Jardín, el lunes en la noche también se reunió la comunidad local en la calle.

Estacionaron decenas de camionetas en las calles para evitar la entrada del «vandalaje».

Y reportaron: «Todo el mundo está con chaleco antibalas, fierros (armas) y aquí estamos todos (…) preparados para repeler cualquier enemigo«, se oye en uno de los videos que recogió BBC Mundo.

Dos testigos de los enfrentamientos en Cali dijeron a BBC Mundo temer por la salida a las calles de grupos de civiles armados que buscan apoyar a la fuerza pública en su lucha contra los llamados «vándalos».

«Hay grupos de civiles que piden desescalamiento de la violencia», dice Katherine Aguirre, experta en derechos humanos de la ciudad. «Pero también hemos visto grupos de ciudadanos que han empezado a disparar desde sus casas, de vigilantismo estimulado por el flujo de armas en la ciudad».

Jorge Restrepo, director del CERAC, un centro de estudios, añade: «La evidencia que hemos podido analizar muestra que en Cali hubo una violencia comunitaria en la que la fuerza pública se desbordó. Fueron incidentes de reacción descontrolada, pero no programadas y dirigida en contra de civiles».

Cali tiene un flujo de armas inusual: aunque no existen cifras consolidadas de armas por habitante, las autoridades incautan cientos cada mes.

Además, pese a que logró reducir los homicidios en un 30% en las últimas dos décadas, la capital del Valle del Cauca es la más peligrosa de Colombia con 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, según cifras oficiales.

Parte de su incapacidad de acabar con la violencia se debe a que se encuentra ubicada entre tres de regiones afectadas por el conflicto, el narcotráfico y el desplazamiento: el Chocó, el Cauca y el Valle del Cauca.

Y eso, según los expertos, ha contribuido a que la versión más violenta de esta nueva ola de protesta se dé en esa ciudad.

La sensación de encierro que se toma al país

La sensación de encierro que ha producido el covid-19, cuyas cifras de contagios y muertes están ahora en su peor momento desde el inició la pandemia en Colombia, se ha visto de manifiesto esta semana con las protestas.

Si bien muchos están en las calles protestando, la mayoría está su casa, pendientes de los chats y las redes, sin poder salir. Los camiones no pueden llegar a las ciudades. Los anaqueles en los supermercados empiezan a mostrar una escasez rara para un país acostumbrado a la estabilidad política y económica.

Pero ahora Colombia parece entrar a territorios desconocidos.

Las protestas de noviembre de 2019 fueron relativamente pacíficas con un saldo de cuatro muertos. Luego las de septiembre de 2020 dejaron 13 muertos en solo dos días de manifestaciones en Bogotá. Ahora las cifras de fallecidos están por encima de 20 y los militares están en las calles reprimiendo.

«Claramente hay un escalamiento de la violencia», dice Alberto Sánchez Galeano, un caleño experto en Seguridad que asesora gobiernos locales.

«Y lo que creo que esto manifiesta es que seguimos intentando arreglar con policías lo que dañamos con malas políticas», explica. «No resuelves con policías el mal manejo de una reforma tributaria en pandemia», explica sobre la medida de Duque que disparó esta última ola de protestas.

Muchos de los expertos en seguridad llevan años denunciando el mal estado de la policía en el país, que tiene déficits de personal y equipamiento,y es utilizada para operaciones como desalojos, cumplimento de cuarentenas o alteración del orden público.

«La falta de liderazgo político lo termina asumiendo la policía», se queja Sánchez Galeano.

En efecto, durante los últimos días la falta de información consolidada sobre lo que ocurre en las calles, sobre todo en Cali, ha contribuido a la sensación de zozobra y profundizado la polarización entre los colombianos, apuntan los analistas.

La incertidumbre se toma un país hasta el punto de que incluso defensores de derechos humanos internacionales son confundidos por manifestantes o, en la jerga de sus críticos, «vándalos».

Ocurrió el lunes en una protesta en un barrio conocido como La Luna, de Cali, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad.

Allí llegó una comisión de funcionarios de organizaciones para tratar de verificar una denuncia de abuso.

«Miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado», reportó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La comisión tuvo que refugiarse durante varias horas en una casa para evitar el fuego cruzado.

El famoso hotel La Luna de Cali fue incendiado y sus huéspedes declararon a los medios que las escenas parecían sacadas de una película: «Casi nos queman vivos».

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