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Éste lunes martes 6 de julio la fiscalía general emitió una acusación formal por delitos de terrorismo financiación al terrorismo contra el expresidente boliviano Juan Evo Morales ayma apellido su detención preventiva y la pena de 30 años de prisión tras el peritaje que se hiciera una grabación telefónica efectuada por el ex mandatario el 14 de noviembre del 2019 desde la Ciudad de México contactando al dirigente cocalero Faustino Yucra, tras de su renuncia y salida del país ocurrida durante el 10 de noviembre tras la huelga general indefinida que sostuvo el pueblo por 21 días por el fraude eleccionario del pasado 4 de octubre, llamada en la que ordena cercar las ciudades del país y bloquear el ingreso o pase de alimentos.

Por el delito de terrorismo que se amplía a sedición además, son imputados otros dirigentes que guardan detención junto a Faustino Yucra, su hijo Alejandro Yucra, Patricia Hermosa y Hernán Solís. Por el mismo delito Las investigaciones están abiertas contra el dirigente cocalero Andronico Rodríguez también por comunicaciones telefónicas con Evo Morales,l ex de ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que se contactaba con Andrónico Rodríguez durante la resistencia de los masistas en el tiempo de la transición constitucional gubernamental.

La acusación fue emitida por la Comisión de fiscales Anticorrupción que dentro de sus investigaciones también demuestra la comunicación y contacto telefónico expresidente y él dirigente Faustino yucra además durante el 12 y 17 de noviembre según detalla la fiscalía.

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La Comisión de Fiscales que investiga » el caso del audio»anunció que de no presentarse a declarar el exmandatario a la audiencia cautelar que debe ser fijada por el juez que conoce la causa en juzgado décimo de instrucción cautelar en lo penal en la sede de gobierno, se pedirá que se lo declaró en Rebeldía para que se pida activar el sello rojo de Interpol y se proceda a su detención formal donde se encuentre, lo cual subsanar las fallas procedimentales que se produjeron durante el mes de enero remarcó el fiscal a Rudy Terrazas a los medios informativos.

El colegio de Abogados de Bolivia y organizaciones civiles de activistas por la democracia y la libertad de Bolivia han criticado duramente la imputación que libera a Morales de la acusación acusación del delito de sedición, con lo cual podría perder la personería jurídica del partido político que lidera, el MAS.

El responsable de la plataforma Libertad Para Bolivia, el abogado Wilson Bascopé que constantemente denuncia amenazas de muerte en su contra y persecución política afirmó que «es un show mediático que lo saca justo cuando están por realizarse las criminales elecciones generales que pretenden llevar el masismo y la actual administración transitoria de gobierno este 6 de septiembre. Debía ser inculpado por sedición para que no participen más en elecciones por los delitos de corrupción que ha cometido y la violación permanente a todas las leyes en todas sus formas como la ley 421 discriminatoria en el voto del campo que valen 300 veces más que un voto del ciudadano del área urbana, por el fraude cometido en las elecciones del pasado 4 de octubre. Vemos una alianza o acuerdo o contubernio entre todos los politiqueros dejando establecido desde antes cuando le han permitido escaparse robando dos camiones de Prosegur con 520 millones de bolivianos con orden de Pablo Ramos presidente del Banco Central de Bolivia; tiene más de 4 mil millones de dólares en una cuenta a nombre de tu hija y sigue gobernando con el 80% del poder del Estado, el gobierno de Janine añez solo gobierna con Ejecutivo que es un 20% como si estuviera presa de su propio convenio. La Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General, el Ministerio Público, las Defensorías del Pueblo y los municipios con sus representantes son del massismo y están haciendo todo lo posible para volver a retomar el gobierno para convertir a Bolivia peor que Venezuela que está dirigida por esta organización criminal narcoterrorista castrochavista» sostuvo a tiempo de remarcar que como organización y parte de los bloques de activistas de Bolivia están agotando todas las instancias legales para exigir el castigo de la ex autoridad que seguramente buscará alguna artificio jurídico para evadir su responsabilidad pero el pueblo no aceptará su retorno sólo para que declares e ingrese a la cárcel concluyó.

juristas bolivianos esperan que el país de Argentina cumpla los tratados como país signante y creador del la Convención Interamericana de Lucha Conjunta contra el terrorismo, econocida por la asamblea general de las Naciones Unidas qué acusa o Consigna o condena como toma de Rehenes y los agravantes al no permitir el paso de alimentos en su Artículo 2 inciso 1d. Dan cuenta que la misma convención estipula en su artículo 11 que no podrá ser considerado como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos como excusa para evadir y no cumplir con esta Norma lo cual significa que no existe argumento para tratar de declarar que se trata de una persecución política. De la misma manera en su artículo 13 indica que el asilo no debe ser otorgado a las personas respecto de las cuales hayan motivos fundados para considerar que han cometido un delito de terrorismo, por lo cual esperan que se cumpla con la Norma internacional y de no obedecerse, los países signatarios pueden ser denunciados ante la secretaría general de la OEA para que se les obligue a su cumplimiento.

En tanto el artículo 123 del Código Penal boliviano declara que se entiende por sedición los que sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido se alcen públicamente y en abierta hostilidad para de poner a algún funcionario público, impedir su posesión y oponerse al cumplimiento de leyes, de actos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o autoridad o de particulares o trastornar o perturbar de cualquier modo el orden público.

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