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SANTIAGO, Chile (AP) — El presidente Sebastián Piñera gobierna Chile sin la confianza de su pueblo a tres meses de un violento estallido social que hizo tambalear al país y a todas las instituciones chilenas.

La tensa situación que vive Piñera fue refrendada el jueves por la última encuesta del Centro de Estudios Públicos CEP, la más respetada en el medio local, que señaló que su aprobación cayó de 25% en junio de 2019 a 6% en diciembre. Se trata del peor resultado obtenido por un gobernante desde el regreso a la democracia hace 30 años. Su desaprobación se encaramó al 82%.

El CEP, que realiza dos encuestas por año, basó su estudio en 1.497 entrevistas cara a cara realizadas entre el 28 de noviembre –un mes exacto después del estallido social– y el 6 de enero de 2020. El margen de error es de más menos tres puntos porcentuales.

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Piñera, tras un acto público, comentó escuetamente su situación. “Yo entiendo que los chilenos no estén contentos con lo que ha pasado, yo tampoco estoy contento”, dijo y aseguró que su gobierno busca ayudar a la gente. “Eso es lo que me motiva todos los días y no las encuestas».

Tras la prolongada crisis, y pese a varias mejoras sociales y a decenas más prometidas por el mandatario –que dependen de la aprobación, modificación o rechazo de un Congreso que no lo favorece– Piñera trastocó su agenda de gobierno por una serie de anuncios de cambios que siguen sin convencer a los chilenos.

“El presidente Piñera está en una situación de aislamiento… está gobernando un vacío de poder que se ha generado por la explosión social” de octubre del año pasado, incrementada por prioridades equivocadas en su oferta de mejoras y por “una relación con su coalición de respaldo que se ve cada día más débil”, declaró a The Associated Press el analista político Marcelo Mella.

Piñera, un multimillonario cuya fortuna se sitúa entre las cinco más grandes del país, tampoco ha tenido éxito en el control del orden público en Chile, por lo que ha recibido críticas de organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos, como Human Rights Watch y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El estallido social del 18 de octubre, que siguió a protestas estudiantiles contra un alza tarifaria en el subterráneo, provocó millonarias pérdidas económicas y materiales, unos 200.000 despidos y una brusca caída del crecimiento económico en octubre y noviembre.

“A mi viejo (esposo) lo despidieron sin razón y ahora apenas comemos con mis tres cabros (hijos) y Piñera nos da puras migajas”, dijo Roxana Pérez, de 47 años, que subsiste con la venta de artículos que le regalan.

Piñera envió diversos proyectos de ley al Congreso. En éstos se consideran apoyos a los pequeños comercios e incrementos en las jubilaciones de los más pobres mayores de 80 años. Varias de sus propuestas fueron modificadas en el congreso bicameral, en el que no tiene mayoría.

Los diputados elevaron de 20% a 50% el alza que propuso en las jubilaciones de los más necesitados. Antes de la crisis, Piñera había propuesto un incremento de 10% a las pensiones que promedian 110.000 pesos (142 dólares).

El analista Mella señaló que el régimen presidencial chileno se convirtió en uno parlamentario de hecho. “La debilidad del presidente es tan grande… que lo que tenemos es un régimen parlamentario de facto, donde quien tiene la iniciativa y lidera el proceso político es el Congreso”.

Para ejemplificar lo anterior está la decisión de empujar un cambio a la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): esto se logró tras las protestas callejeras y gracias a un inédito acuerdo político entre el oficialismo y la oposición. Piñera sólo favorecía reformas.

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