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Los últimos acontecimientos ocurridos en la región del trópico de Cochabamba con la destrucción de la comisaría de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen (FELCC) EN Chimoré ponen al descubierto la tremenda volatilidad social en esa parte del país que, constituye una flagrante afrenta al orden constitucional y el imperio de la ley.

Los cocaleros del Chapare pretenden imponer la ley de la selva amparados en su poder de presión. El Gobierno, a través de los ministerios de Interior y defensa tiene que imponer autoridad y evitar que la situación se les escape de las manos.

Sería un funesto precedente para la gobernabilidad del país si ceden ante las amenazas y los intentos de los cocaleros de imponer su propia ley, amparados en su fuerza de movilización y empiecen a atemorizar a la población y desafiar el imperio de la ley.

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La presidenta Jeanine Áñez que hasta ahora actuó con tino y mesura tiene que actuar con rigor imponiendo el imperio del principio de autoridad antes de que esa región central de Bolivia se convierta en tierra de nadie.

Asimismo la comunidad internacional tiene que acompañar este proceso respaldando todas las acciones del Gobierno Transitorio. Estamos a menos de una semana de que acabe el actual periodo constitucional del Gobierno con mayoría parlamentaria.

Menos mal que las autoridades argentinas le pusieron freno a los intentos de Evo Morales de amedrentar al nuevo Gobierno de Bolivia diciendo que conformará milicias armadas para generar convulsión y zozobra en un claro intento de desestabilizar al país.

La lucha por la democracia y la libertad le costó sangre y sacrificio al pueblo boliviano y ese esfuerzo no tiene que ser en vano. Los bolivianos tenemos derecho a desarrollar el futuro proceso electoral en paz y tranquilidad si no queremos volver al pasado de autoritarismo y enfrentamiento entre compatriotas  bajo el pretexto de la discriminación y la lucha de clases entre ciudadanos del campo y la ciudad.

Bolivia soportó durante casi 14 años un clima hostil y dictatorial impuesto por el Movimiento al Socialismo al amparo de una supuesta mayoría legislativa y supremacía política.

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