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En varias zonas de Bolivia han resurgido los incendios forestales, los cuales ya han destruído más de 500.000 hectáreas de bosque. Se repiten los desastres del año pasado. Ante ello, el gobierno anunció la derogación de algunas leyes, pero esto genera polémicas y rechazos.

El anuncio del gobierno de abrogar el DS 3973 es electoral y sin efectos en cuanto a los incendios forestales en Santa Cruz.

El mencionado decreto de 2019 amplía los desmontes para Beni y su alcance es nulo para mitigar los daños ambientales de la Chiquitania. Si la presidente transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, quiere actuar sin cálculos políticos y tiene voluntad para abrogar decretos que están a su alcance, debería empezar por abrogar los decretos 4232 y 4238 que ella firmó para autorizar procedimientos abreviados para cultivos transgénicos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.

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Luego seguir con el decreto 3874 de Evo Morales sobre la autorización de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel.

“Respecto a las leyes, sabemos que no las puede abrogar sin la asamblea, pero está entre sus competencias presentar proyectos de ley para anular las normas incendiarias. ‼️Si no tiene cálculos electorales, debería empezar por la Ley N° 741 de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas sin Planes de Ordenamiento Predial. Debería seguir con la otra ley polémica, la Ley N° 337 que establece un régimen excepcional de perdonazo para con desmontes ilegales. La ley más compleja pero de igual importancia es la Ley N° 1171 de 2019 que autoriza quemas por un periodo de hasta tres años en predios con actividad agrícola, y de hasta cinco años en predios con actividad ganadera”, señala un comunicado de varias plataformas activistas de los derechos de la Madre Tierra.

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